Por Cristina Álvarez.
Es bien conocido
que tradicionalmente el sector de empleadas/os del servicio doméstico ha vivido
en la llamada economía sumergida. Previo a la implantación del Sistema Especial
de empleados del hogar, según datos del Gobierno, estaban integradas a
diciembre de 2011 en el Régimen Especial antiguo 296.950 trabajadoras y
trabajadores del hogar (Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, 2012), una cifra que dista mucho de la dada por
el INE, con un dato de 660.400 en el cuarto trimestre de 2011 (INE, 2011).
Con la implantación
del Sistema Especial de trabajadores del hogar en el Régimen General, entre
otras medidas, se incluyen en la Seguridad Social a aquellas personas que trabajen
menos de 60 horas al mes, lo que debería aumentar el número de afiliadas/os. Si
observamos las cifras de finales de 2012 de los afiliados dados por el Gobierno
y el número de empleados del INE, tenemos que el primero tiene una suma de 428.705
trabajadoras/es en abril de 2014 (Ministerio
de Empleo y Seguridad Social, 2014), mientras que en el INE asciende a
659.000 en el segundo trimestre de 2014 (INE,
2014). Ello nos da una cifra aproximada de 230.000 empleadas/os del hogar que
hasta el segundo trimestre de 2014 trabajan en la economía sumergida en España.
Según el Huffington
Post, a partir de datos extraídos de un estudio de la OIT con una muestra de
117 países, tan sólo el 10% de todos las/los trabajadoras/es domésticos en el
mundo está cubierto por alguna legislación laboral y cuatro de cada diez no
dispone de derechos laborales básicos. Además, la mayoría son mujeres,
alrededor del 90%. Este dato, en España, supone el 8,4% del trabajo femenino, siendo
la mayoría de trabajadoras domésticas de origen extranjero, sobre todo
provenientes de Latinoamérica. En América Latina y el Caribe, este trabajo
representa el 26,6% del empleo femenino asalariado (Huffington Post, 9 de enero de 2013).
En España, el porcentaje
de mujeres inmigrantes que trabaja en el sector doméstico es del 36%, el mayor
porcentaje de la Unión Europa, y sólo el 10% se encuentra al mismo nivel de
legislación laboral que el resto de trabajadoras/es (El País, 2013).
Si sumamos el
número estimado de mujeres empleadas en el servicio doméstico en España,
aquellas que lo realizan de manera irregular, y la carencia de derechos consecuente con esa irregularidad laboral, obtenemos
como resultado más precariedad laboral para la mujer, que además, en su
mayoría, son extranjeras.
Por todos estos
motivos destaca la importancia de la ratificación en España del convenio 189 de
la Organización Internacional del Trabajo, sobre todo ante la negativa de su ratificación
por parte del Gobierno actual del Partido Popular.
Son quince los
países que a septiembre de 2014 han ratificado el Convenio 189, por orden en el
tiempo se encuentran: Uruguay, Filipinas, Mauricio, Nicaragua, Italia, Bolivia,
Paraguay, Sudáfrica, Guyana, Alemania, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Colombia
e Irlanda. (ilo.org).
La ratificación del
Convenio 189 igualaría los derechos laborales de los y las trabajadoras del
hogar al resto de trabajadoras/es de España, en general este Convenio contiene unos
derechos mínimos, claro que, cada país puede tener condiciones mejores en
algunos de los puntos que establece. Los derechos que rezan son:
- Un salario mínimo sin discriminación de sexo,
- Descanso al menos de 24 horas seguidas a la semana,
- El pago en efectivo del salario, así como, realizarlo mínimo una vez
al mes,
- La compensación de horas extraordinarias, vacaciones anuales pagadas,
- Mecanismos de queja y medios eficaces y accesibles para la protección
de los trabajadores domésticos,
- Inspecciones de trabajo por la aplicación de las normas y las
sanciones oportunas con respeto a la privacidad,
- Acceso efectivo a los tribunales o a otros mecanismos de resolución de
conflictos en condiciones no menos favorables que las condiciones previstas
para los trabajadores en general, y
- Protección contra prácticas abusivas por parte de agencias privadas, o
condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los
trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social,
inclusive en lo relativo a la maternidad.
A todos estos derechos le añadimos una disminución importante en el
número de empleadas del hogar que trabajasen de manera irregular y
conseguiríamos que este sector gozase de ser un trabajo digno.
